El juez es el garante de la legalidad en un Estado de Derecho. De modo que cualquier restricción o privación de libertad acordada por el juez aplicando la ley, a salvo de recursos ulteriores, no plantea problemas de constitucionalidad. Pero la aplicación del Derecho requiere, en numerosas ocasiones, de la colaboración y el trabajo, en un primer lapso de tiempo, de los agentes de la autoridad gubernativa, que sin intervención judicial, y en determinados supuestos pueden proceder legalmente a la privación de libertad de un individuo, en colaboración con el juez.
El contenido del derecho a la libertad se articula negativamente, mediante los contornos que la ley establece, y con el estudio de los supuestos legales en que la persona puede ser legalmente privada de libertad o verse restringida o limitada.