2. Origen y evolución del Estado social

• El Estado social se gesta durante la Revolución industrial. El desarrollo fabril del siglo XIX propicia el éxodo rural, el crecimiento de las ciudades y la aparición de una masa ingente de trabajadores que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Las relaciones sociales y los modos de vida se trasforman. Se acaba con las formas autónomas y autárquicas de subsistencia, propias de las sociedades rurales en las que el individuo dispone de los medios mínimos para su sostenimiento. En el medio urbano, por el contrario, el ciudadano está supeditado a un trabajo y un salario que le permite acceder a determinados bienes y servicios y así asegurar su sustento. Esta necesidad de utilizar bienes y servicios sobre los que no se tiene un dominio directo, da lugar al concepto de “menesterosidad social” que afecta, en un principio, a los grupos más desfavorecidos (los trabajadores y el grueso de la población rural), para extenderse después a los sectores más pudientes. Las sociedades industrializadas son cada vez más conflictivas e incapaces de autorregularse y dar una respuesta a las demandas básicas de la ciudadanía (sanidad, educación, vivienda, etc.). Ante esta situación, se adoptan una serie de medidas para tratar de redistribuir la riqueza y proveer de las prestaciones sociales básicas a la ciudadanía.

• Inicialmente se adoptan medidas de tipo legislativo. Así, a finales de los siglos XIX se aprueban en Europa —siguiendo las ideas Bismarck— las primeras leyes de contenido social (leyes sobre seguros obligatorios de enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y vejez). Esas leyes se completan con la creación de la institución de la Seguridad Social como un sistema complejo y estable de prestaciones económicas y sociales para los trabajadores. Para ello, se parte de las bases teóricas propuestas por Beveridge en el Reino Unido. El paso definitivo en la consolidación del modelo social de Estado se produce con la inclusión de en los textos constitucionales de la exigencia de que los poderes públicos intervengan activamente para promover la igualdad material y acabar con las desigualdades. Surge así el llamado “constitucionalismo social”. El Estado deja de ser abstencionista y sus fines y sus relaciones con la sociedad se recogen en las Constituciones europeas (sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial) y también en la Constitución española con la llegada de la democracia en 1978.