En primer término, se declara el castellano como la lengua oficial del Estado. Así, el modo que adopta la Constitución para proteger la lengua es la oficialidad, que requiere una serie de características materiales o sociales y, además, una declaración jurídico – formal. Según el Tribunal Constitucional (TC), “una lengua es oficial, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. Por tanto, la ciudadanía española tiene derecho a utilizar la lengua castellana en cualquier parte del territorio nacional, ante cualquier poder público y en cualquier relación privada.
2. El castellano es la lengua oficial del Estado
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