Establecido lo anterior, el gran problema radica en que no solo se requiere una coexistencia entre el castellano y el resto de las lenguas españolas oficiales, sino también una convivencia. Esto ha generado, y genera, multitud de leyes y de conflictos que debe resolver el TC. Tal convivencia se ha de basar en una protección similar de las lenguas o, dicho de otro modo, en un tratamiento equivalente entre ellas que impida a una prevalecer sobre la otra u otras. En este sentido, las Comunidades Autónomas intentan combatir la extensión del castellano por todo el territorio del Estado y el deber de conocerlo, un rasgo con el que no cuentan el resto de lenguas y que se refiere a la inercia de actuar en castellano dado que se presume como conocido por la población. Para ello, los territorios buscan asimetrías que favorezcan a sus idiomas definitorios frente al castellano.
5. Conflictos derivados de la coexistencia de lenguas oficiales
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